BOGOTÁ, 1 de septiembre de 2018.- (Proceso)  El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue consultado por la prensa local sobre la iniciativa de La Oficina de hacer la paz y desarmarse, dijo que él no está dispuesto a negociar con ese grupo delictivo y que lo que debe hacer es someterse a la justicia.

“La opción con cualquier estructura criminal no es la negociación sino el sometimiento”, aseguró el alcalde.

Para dirigentes sociales, en cambio, es factible comenzar un diálogo con dirigentes de La Oficina para buscar una solución de fondo, en el marco de la ley, a los problemas de criminalidad que viven Medellín y otras grandes ciudades colombianas desde hace décadas.

En la edición 2182 de Proceso, un vocero de la dirección colegiada de La Oficina que se identificó como “Ocho” dijo que esa estructura delictiva, que está integrada por unos 5 mil hombres armados y controla barrios enteros de Medellín y su zona metropolitana, quiere hacer la paz y desmantelar los negocios ilegales.

Para ello, propuso un marco legal en el que sus integrantes pueda “acogerse a la justicia” y entregar sus armas a cambio de rebajas de penas y de inversión social y creación de fuentes de empleos en las comunidades donde están presentes para darles salidas dignas a sus miembros.

El diario ADN Medellín publica este viernes una nota titulada “Alcalde responde a ‘Ocho’” en la que Federico Gutiérrez señala que la entrega de 120 armas que quiere hacer La Oficina como gesto de buena voluntad es un asunto que deben resolver la Fiscalía y el gobierno nacional.

El activista social y experto en crimen urbano Luis Fernando Quijano dijo a la televisión local que, en efecto, un proceso de entrega de armas y de pacificación con La Oficina es competencia del gobierno nacional y del Congreso, que tendría que aprobar una legislación para hacer viable la iniciativa.

“Pero si La Oficina se quiere entregar y desmantelar su negocio, creo que hay que tomarle la palabra e iniciar un proceso que nos lleve a la paz urbana”, aseguró Quijano, quien es presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

Consultada por reporteros sobre la propuesta de “Ocho”, la ministra colombiana de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que es un tema que hay que evaluar en el marco de la ley porque ya existen mecanismos para que integrantes de grupos delictivos se sometan a la justicia.

Legisladores de diferentes partidos políticos se han manifestado a favor de buscar fórmulas legales que conduzcan a la desmovilización de grupos armados urbanos, a su desarme y al desmantelamiento de sus negocios ilegales, a cambio de beneficios judiciales.

El pasado martes 28, luego de que Proceso publicó la propuesta del vocero de La Oficina identificado como “Ocho”, el ya retirado jefe de la organización, Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como “Tom” o “Carlos Chatas”, escribió una carta al presidente colombiano Iván Duque expresando su deseo de lograr la paz.

“Tom”, quien se encuentra recluido desde diciembre pasado en la cárcel La Picota de Bogotá, nombró en esa carta al abogado Ricardo Andrés Giraldo como su representante para entrar en una fase de “exploración, negociación y concertación” que posibilite el acogimiento a la justicia de los miembros de La Oficina y “la terminación del conflicto armado” en Medellín.

En la entrevista con Proceso, “Ocho” dijo que lo que busca esa organización, que tiene el control del 90% de las bandas de Medellín, es una fórmula jurídica que conduzca a una “salida digna a la totalidad de los miembros de La Oficina, a los líderes y a la base, con rebaja de penas a cambio de reconocer delitos y con compromisos por parte de nosotros para reparar a quienes hayan sido víctimas de nuestra organización”.