CHILPANCINGO, 11 de agosto de 2018.- (Proceso)  También, este hecho refleja que el abasto del alcaloide procedente de Sudamérica está garantizado en el puerto de Acapulco donde las pandillas operan impunemente y mantienen sumido al principal destino turístico de la entidad en una espiral de violencia, impunidad y corrupción que exhibe nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco.

Tan solo esta semana, la confrontación entre los remanentes del Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Independiente de Acapulco (Cida), dejó un saldo de una decena de personas asesinadas, entre ellos hombres decapitados, mujeres ejecutadas y ataques armados a plena luz del día contra unidades de transporte público que provocaron la suspensión del servicio en pleno centro porteño.

En este escenario de guerra por el control de la joya de la corona del Pacífico, han sido reiterados los señalamientos públicos, a través de cartulinas y mantas contra el actual jefe de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, quien presuntamente brinda protección al líder de una facción del Cida, identificado como José El Ángel El Capuchino Galeana Palacios.

En mayo de 2017, el gobernador Astudillo, a través del ex fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, designó a Esteban Maldonado como de la de la PM, en sustitución de Ricardo Zamora Guevara, quien también fue exhibido públicamente por sus presuntos nexos con el narco.

Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de investigación de la Fiscalía desde hace más de una década donde se ha caracterizado por enfrentar señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por incurrir en diversas irregularidades tipificadas como delitos graves.

La CNDH emitió dos recomendaciones en 2008 y 2010, contra Maldonado Palacios “por su actuación inconsistente y de mal manejo jurídico” en las investigaciones de los asesinatos del periodista acapulqueño Amado Ramírez y de los activistas indígenas del pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron vinculados con la guerrilla por el funcionario ministerial.

A pesar de los señalamientos contra este jefe policiaco en Acapulco y su negro historial, el gobernador Astudillo y el actual Fiscal, Jorge de los Santos Barila lo siguen manteniendo en el cargo.

En este contexto de violencia, terror y muerte, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo, realizará este día un espectáculo aéreo en la bahía de Santa Lucía donde los políticos son los dueños de bares y restaurantes.

En esta zona turística las autoridades federales estatales y municipales toleran la venta de cocaína a todas horas sobre la franja de playa que se extiende desde Caleta hasta los antros de la Escénica, considerada la ventana del puerto, para surtir la necesidad de cientos de paseantes que arriban solo los fines de semana.

Mientras las pandillas disputan a sangre y fuego el control de la venta de droga para abastecer este mercado de consumidores que no para, a pesar de los decomisos de cocaína como el que ayer difundió la Marina de manera masiva en medios de comunicación.