CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto de 2018.- (Proceso)  La madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de la otrora poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que el Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal que hasta ayer mantenía a su cliente en prisión domiciliaria.

La activista de 73 años informó en el comunicado leído por su abogado frente a varios medios que había recibido la notificación del decreto de su “absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”.

Según el comunicado, la resolución le fue notificada a las 23:30 horas del martes 7 de agosto, por lo que a primera hora de hoy, dijo, Elba Esther Gordillo es una mujer “legalmente libre” y se encuentra “en familia”.

Afirmó también que la exlideresa no dará declaraciones públicas y que planea reaparecer en público el próximo 20 de agosto cuando inicien las clases.

En el comunicado leído por el abogado, Gordillo Morales comunicó:

“Me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal.

“Por lo anterior he decidido no tener ningún contacto con ningún medio de comunicación nacional o extranjero alguno y considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”.

El defensor añadió que la justicia federal ya no tiene acusación pendiente contra la exlideresa del SNTE.

La exdirigente magisterial fue detenida en febrero de 2013 en el Aeropuerto de Toluca, Estado de México, acusada del desvío de fondos para su uso personal del presupuesto de ese poderoso sindicato de maestros.

Sin embargo, Gordillo casi nunca estuvo en una celda oficial, ya que la mayor parte de los casi cinco años que duró el litigio estuvo internada en centros médicos debido a presuntos problemas de salud.

En diciembre pasado la Procuraduría General de la República de México concedió a la acusada la prisión domiciliaria.