Juzgados familiares agilizan investigación financiera de obligados alimentarios
Los juzgados de oralidad familiar y el tradicional del Poder Judicial quedaron incorporados al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) lo que permitirá acortar los tiempos de respuesta sobre la situación financiera de obligados alimentarios y de esta forma los plazos de atención de requerimientos que tomaban meses podrán resolverse hasta en 15 días hábiles.
En una ceremonia que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada Presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés, acompañada de la Magistrada Sary Eugenia Ávila Novelo de la Sala Colegiada Civil y Familiar y la Consejera de la Comisión de Desarrollo Institucional María Ely Farfán Flores, entregó sendas contraseñas del SIARA a juezas y jueces de oralidad familiar del turno matutino y vespertino de Mérida, mismos que en días pasados recibieron capacitación para operar el sistema por parte del personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La herramienta digital SIARA, permite el envío de solicitudes de información en casos jurisdiccionales que involucran pensiones alimenticias, disolución de sociedades conyugales, sucesiones, entre otros, evitando el ocultamiento de verdaderos ingresos a la autoridad judicial, la implementación se hará gradualmente en las materias civil, mercantil y penal y forma parte del Plan Estratégico del Poder Judicial.
De esta forma se fortalece la impartición de justicia, consolidando el ejercicio de derechos, pues al incorporar este programa a los juzgados disminuirá el tiempo de respuesta de las solicitudes de información de los órganos jurisdiccionales y garantizará una pronta resolución a los derechos de las y los justiciables con eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Otros de los beneficios es la reducción de costos en papel, mensajería, transferencia en tiempo real de los requerimientos a la CNBV, mayor seguridad en el tratamiento de la información con respecto a su manejo físico, reducción de tiempo en el proceso de dictaminación y publicación del requerimiento a las entidades financieras.
