FGR despide a oficial que denunció falta de prevención por Covid-19
Policías ministeriales denunciaron falta de condiciones de higiene en su trabajo y el riesgo de contagio de Covid19.
Ciudad de México, 29 de marzo de 2020.- (La Jornada) Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) que protestaron ante su titular Alejandro Gertz Manero, por la falta de medidas para prevenir el contagio del Covid-19 dentro de sus oficinas, denunciaron que han tomado represalias en su contra, que incluyen el despido de uno de ellos: Jesús Alejandro Orduña Padilla, oficial ministerial.
Desde el 20 de marzo pasado, más de 40 trabajadores entregaron en las oficinas de Gertz Manero un escrito denunciando que no había las condiciones mínimas de higiene en las oficinas, donde falta el jabón y papel higiénico en los baños, y laboran en condiciones de hacinamiento.
Ante la falta de respuesta, los trabajadores recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a donde promovieron una queja por lo que consideran es una amenaza a su derecho a la salud.
Estas acciones llevaron a represalias, según denunció Orduña Padilla, en un nuevo escrito entregado a la CNDH: “recibí una llamada a mi teléfono celular en la cual me dijeron que me presentara en el área de recursos humanos el día 27 de marzo de 2020, situación que me causó asombro; al llegar ahí, me dijeron que por instrucciones de Guillermo Terán Pulido, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro el contrato que acabo de firmar en días anteriores que abarca el periodo del 1 de abril al 30 Junio de 2020 ya no sería tramitado”.
Según la denuncia, se le informó al afectado que la rescisión de su contrato fue en respuesta a que fue uno de los firmantes del primer documento dirigido a Gertz Manero.
En su segundo escrito a la CNDH, el ex empleado de la FGR señala que, pese a que la fiscalía emitió un protocolo para prevenir contagios de Covid-19, persiste la falta de medidas de higiene en sus oficinas.
En respuesta, la FGR aseguró que su acción no se trató de un despido, sino que obedeció a cuestiones presupuestales “y de ajustes en las plantillas de personal en el área de Secuestros ya no se renovó su contrato temporal que vence el 31 de marzo de 2020”.
