Proponen penalizar intromisiones a la independencia judicial
Mérida, Yucatán a 16 de enero de 2020.- Es necesario analizar cuáles son las conductas que pueden afectar la independencia judicial y con base en ello generar tipos penales que castiguen severamente cualquier intromisión indebida del poder público para tratar de influir ilegalmente en las decisiones judiciales. Solamente cuando en México se castiguen las violaciones a la independencia judicial vamos a tener jueces verdaderamente independientes”.
Lo anterior fue expresado por el magistrado integrante de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, Marcos Celis Quintal, al participar en la mesa “Los nuevos retos de la independencia y autonomía Judiciales” realizada en el marco de la XIV Asamblea general ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) celebrada en días pasados en Querétaro.
El magistrado se refirió a intromisiones del poder público que pudieran venir del Ejecutivo y del legislativo, senadores, diputados federales y locales e incluso del propio poder judicial desde ministros, magistrados y los propios jueces.
Mientras estas acciones no se castiguen la independencia judicial estará en la Constitución pero seguiremos siendo frágiles como juzgadores, estaremos en riesgo y seremos vulnerables ante el poder político, agregó.
Resaltó también la importancia del equilibrio de poderes y del sistema de frenos y contrapesos que permite a los tres poderes del estado controlarse entre ellos. En el caso del poder judicial sólo puede controlar a los otros poderes a través de los mecanismos de justicia constitucional, una institución política más importante que el federalismo y la propia constitución.
El magistrado Celis Quintal dijo que este control constitucional que ejerce el poder judicial sirve tanto como instrumento de poder pero una connotación positiva pues ayuda a la construcción de un sistema democrático, de un sistema de desarrollo económico, de paz social y certeza jurídica. Al mismo tiempo, continuó, permite contener el poder al regular la constitucionalidad de los actos de las autoridades y, si es el caso, anularlas como un acto de autoridad.
Apuntó que que lo que tendríamos que preguntarnos el día de hoy a estas alturas del siglo 21 no es si el poder judicial debería o no participar en el sistema de frenos y contrapesos, ya que eso fue definido en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII y en Europa en los países con un sistema de justicia constitucional mucho más conservador desde principios del siglo XX. También ya ha sido resuelto en Latinoamérica y en México a finales del siglo pasado.
