Comparece Presidente del Tribunal de los Trabajadores
Mérida, Yucatán, 22 de agosto de 2019.- El presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, César Andrés Antuña Aguilar, sugirió cambios drásticos en la ley para brindar mayor responsabilidad y facultades a dicha instancia para que sea más coercitiva y cumplir con las resoluciones, durante su comparecencia ante la comisión permanente de Justicia y Seguridad Pública.
El magistrado que busca su reelección por seis años más, también solicitó exhortar al Ejecutivo estatal para encontrar alguna forma de obtener recursos a favor de los ayuntamientos para poder saldar los laudos a trabajadores despedidos, de manera paulatina.
Al contestar preguntas de los legisladores, como tercer punto, declaró que se necesita más presupuesto para los funcionarios públicos del mencionado Tribunal, toda vez que “se preparan, aprenden y se van” por no contar con salarios suficientes, además de que se podría aumentar la planta laboral para resolver más rápido los asuntos.
Antuña Aguilar, inició su periodo como presidente de esta instancia desde el 3 de septiembre de 2013 y finalizará su periodo el 2 de septiembre del presente año, por lo que busca ratificarse por seis años más, para lo cual informó que no ha sido objeto de alguna denuncia o queja por parte de alguna autoridad, por un tema legal o de desvío de recursos, con constancias emitidas de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASEY) y la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia.
Al continuar respondiendo a los diputados, señaló que casi el 100% de los 106 municipios tienen juicios por pago de laudos, teniendo un total de 400 en proceso y 200 pendientes, siendo Mérida, por su tamaño, con más número de demandas, seguido por Kanasín, Tekax, Oxcutzcab y Umán.
Aclaró que por una resolución del Tribunal Federal, se ha solicitado al Congreso del Estado, o la Secretaría de Administración y Finanzas, buscar medidas para reajustar los presupuestos de los ayuntamientos, con el fin de solucionar el conflicto de los laudos pendientes, siendo seis municipios los que han solicitado esta alternativa, a sugerencia de sus abogados.
Por otro lado, el magistrado presidente informó que durante el periodo que concluye, se realizaron 4 mil 500 finiquitos, con una cantidad de 100 millones de pesos, recibiendo 3 mil demandas, 2 mil 200 amparos, con el 82% de las resoluciones confirmadas por autoridades federales.
Al finalizar, el presidente de la comisión permanente, Luis Borjas Romero (PRI) informó que en próxima sesión del cuerpo colegiado se discutirá y votará el proyecto de dictamen, para la ratificación o no, de Antuña Aguilar.
Afromexicanos
En la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados para adicionar el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de México, para que las personas y los pueblos afromexicanos puedan gozar de derechos, autonomía e inclusión social, ya que existen más de un millón de afrodescendientes en el país.
La presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI), informó que esta minuta ya fue aprobada por 17 Congresos estatales de la República, que busca el respeto y trato digno para estas comunidades, así como su aporte a la cultura e historia de la nación.
En otros temas, la diputada solicitó a la Secretaría General, con acuerdo de todos los integrantes del cuerpo colegiado, encargar el proyecto de dictamen de la iniciativa para reformar el artículo 28 y adicionar el artículo 25 Bis a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, en materia de participación ciudadana durante el análisis de la glosa del Informe de Gobierno.
Por último, se distribuyeron dos iniciativas para modificar la ley mencionada anteriormente: la primera de Kathia Bolio Pinelo (PAN), para la participación de representantes legítimos de las comunidades maya, en la Comisión Permanente Para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya.
La segunda, de Paulina Viana Gómez (PAN), para regular las comparecencias de aquellos servidores públicos que no respondan a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), con el fin de conocer el motivo de su negativa.
