CIUDAD DE MÉXICO, 26 de junio de 2018.- (Proceso)   En un comunicado, el organismo explicó que durante los primeros seis meses de 2018 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) identificó que persisten fallas en el sistema penitenciario que generan un ambiente propio para los abusos como la “sobrepoblación y hacinamiento; deficiencias en higiene y mantenimiento de las instalaciones; encierro prolongado en celdas; (…) carencia de presupuesto para alimentos; fugas de agua; humedad en paredes; falta de iluminación y ventilación adecuada, e insuficiente personal técnico para la reinserción social de las personas privadas de la libertad”. 

Con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la CNDH explicó que la identificación de los factores de riesgo de maltrato en los centros de detención se hizo después de 36 visitas de supervisión, 231 de difusión y sensibilización y 48 temáticas, que e MNPT llevó a cabo en diversos lugares de privación de la libertad federales, estatales y municipales.

Como resultado de esas visitas, el MNPT “comprobó la falta de personal de seguridad y custodia; falta de actividades remuneradas; pocas actividades educativas y deportivas; las celdas destinadas a internos con alguna discapacidad no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar el acceso, y donde hay presupuesto para alimentos, éstos fueron deficientes en calidad y cantidad”.

De acuerdo con el comunicado, el Mecanismo realizó campañas de sensibilización y difusión para prevenir la tortura, y entregó al personal de los centros de reclusión, así como a los internos, 21 mil 163 trípticos, 9 mil 848 posters, 188 libros y 50 juegos didácticos.

La CNDH recordó que el Estado mexicano está obligado a prevenir la tortura como parte de los compromisos internacionales que asumió al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incluyendo su Protocolo Facultativo, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Dentro del marco legal nacional, el organismo resaltó que los artículos 19, 10 y 22 constitucionales prohíben la tortura y los malos tratos, en tanto que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, puesta en marcha el 26 de junio del año pasado, “establece como uno de sus ejes de la prevención desarrollar campañas de sensibilización y difusión para prevenir su empleo hacia toda persona, especialmente hacia quienes están privados de la libertad”.