CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2018.- (Proceso)  Se tara de las Recomendaciones 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018 y 09/2018, que fueron presentadas ante la presencia de víctimas, familiares y organizaciones civiles, y donde la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que el propósito de la presentación pública es una satisfacción inicial “a la larga lucha de las víctimas por la justicia”.

La primera recomendación, la 05/2018, se refiere a la documentación de 20 casos en los que las denuncias por tortura fueron desestimadas, debido a que se determinó el no ejercicio de la acción penal o la reserva de la investigación, aunado a que varias de esas investigaciones fueron iniciadas por el delito de abuso de autoridad y no por tortura, “lo que refleja la impunidad con que actúan las autoridades, ya que no son castigadas por dicho delito”.

La recomendación, que fue coordinada por la Cuarta Visitaduría General, fue dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, a la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Salud, por violaciones a los derechos a la libertad, integridad, adecuada defensa, debido proceso y acceso a la justicia.

En el caso de la recomendación 06/2018, coordinada por la Primera Visitaduría General, la presidenta de la CDHDF señaló que “se identificó el patrón de uso de la tortura como método de investigación”, ya sea para obtener información o declaración de autoinculpabilidad, durante la detención y el traslado, así como en los centros de retención como son las agencias del Ministerio Público.

Fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia por vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, así como debido proceso y al acceso a la justicia.

La recomendación 07/2018, fue dirigida al Subsistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno en calidad de autoridad responsable por la violación a los derechos a la integridad personal y debido proceso.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Segunda Visitaduría General y contiene siete casos de tortura cometidos contra personas privadas de libertad con la finalidad de castigarlas. “En ella se destaca que personal de la Unidad de Reacción Inmediata ha sido señalado en diversos instrumentos recomendatorios como autora material de los actos de tortura en centros de reclusión”, apuntó.

La recomendación 08/2018, también a cargo de la Segunda Visitaduría General, fue dirigida también al Subsistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, “por violaciones al derecho a la integridad personal”, es decir, tortura sexual cometida en contra de hombres en centros de reclusión.

Ramírez Hernández subrayó que en la investigación se mostró que la información de esa vulneración es escasa, debido a factores como el machismo, los estereotipos y la discriminación.

Esta situación, abundó, “tiene consecuencias como el ocultamiento por parte de la víctima por temor a ser juzgado o rechazado por las personas a su alrededor, y el desprecio de las autoridades hacia las víctimas cuando denuncian”.

Respecto a la Recomendación 09/2018 destacó el uso de violencia sexual como forma de tortura, por amenazas de violación en contra de mujeres. En este caso, dijo, se abordaron diferentes contextos derivados tanto del momento y lugar de los actos de tortura como de las autoridades que la ejecutaron.

El proyecto, indicó, fue realizado de manera coordinada por la Primera, Segunda y Cuarta Visitadurías, que investigaron los casos de las mujeres víctimas.

Detalló que fueron tres los casos documentados en los que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario violentaron los derechos a la libertad e integridad personal, así como al debido proceso.

Durante la presentación, Nashieli Ramírez Hernández señaló que de 1994 hasta el momento la CDHDF ha emitido más de 50 Recomendaciones por tortura, una Propuesta General y seis Recomendaciones por tratos crueles, que representan a más de 280 víctimas.

Actualmente, apuntó, están en trámite 430 quejas relacionadas con la violación de la integridad personal, muchas de éstas por posibles actos de tortura.

La presidenta de la CDHDF refirió que, de estas recomendaciones, en el Programa de Lucha contra la Impunidad de la Comisión, se han incorporado 83 procedimientos penales por el delito de tortura y sólo 16 se han concluido.

En las recomendaciones recientes, la CDHDF pide indemnizar por daño material, inmaterial o al proyecto de vida, así como brindar atención médica y psicológica para quienes lo requieran.

También dar vista a la Contraloría Interna o a la Fiscalía Especial para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos según corresponda. Y además integrar, determinar, o en su caso, reaperturar averiguaciones previas por el delito de tortura contra las autoridades responsables.