Consulta ciudadana sobre movilidad urbana en Mérida

El alcalde Renán Barrera reitera que la voz ciudadana sostiene las políticas públicas municipales

Mérida, 21 de septiembre de 2019. Al visitar una de las sedes de la consulta ciudadana del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el alcalde Renán Barrera Concha reiteró que uno de sus principales compromisos es seguir empoderando a la ciudadanía para que su voz y participación sigan siendo factor clave en la construcción, seguimiento y consolidación de políticas públicas municipales.

Vecinos que participaron en la consulta en el Centro Cultural del Sur recibieron al presidente municipal con quien compartieron sus propuestas y sugerencias planteadas en torno a las condiciones necesarias sobre movilidad urbana que observan en sus colonias y fraccionamientos.

Acompañado del director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Edgardo Bolio Arceo, Barrera Concha recorrió una a una las mesas de trabajo con el fin de escuchar las opiniones de los participantes entre estudiantes, profesionales, amas de casa, obreros y representantes de organismos civiles.

La consulta ciudadana inició hace dos semanas y a la fecha ha logrado reunir alrededor de 250 propuestas ciudadanas.

Barrera Concha manifestó que esta es una estrategia para darle voz a los ciudadanos, sobre todo en lo relativo al desarrollo sustentable y la movilidad urbana, los cuales dijo son temas prioritarios para este Ayuntamiento pues son claves para seguir avanzando hacia mejores condiciones de orden y armonía que requiere el municipio.

Como se recordará, Mérida pertenece al Programa de Cooperación Urbana Internacional (IUC) de la Unión Europea cuyo objetivo se centra en permitir a las ciudades de diferentes regiones del mundo unir y compartir soluciones a problemas comunes.

El proyecto está basado en dos componentes principales: la movilidad por proximidad y la eficiencia en la movilidad.

Cabe destacar que oficialmente los trabajos del PIMUS iniciaron el 24 de septiembre de 2018 con vigencia para los próximos 20 años, en cuya integración se prevé la participación de la ciudadanía, así como de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil, academia y sector privado.

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